Sigo de cerca cualquier aventura que desde el sector privado, recaiga en los ferrocarriles españoles. Ya sea en la actividad de infraestructura o en la de transporte, parece que el modelo español ferroviario, se resiste a que el sector privado vuelva a tener un papel principal (recordemos que el Ferrocarril nace como una empresa privada). Ejemplos de fracaso de la actividad privada, como la quiebra de la concesionaria de la Sección Internacional del Pertús (que une la red francesa y la española de alta velocidad y cuya titular es TP Ferro) o el escaso atractivo para las empresas a la hora de exportar a China por medio del servicio ferroviario más largo del mundo que une Yiwu - Madrid, son una pincelada de lo que vendrá si se mantiene la avidez de algunos grandes inversores por saquear el ferrocarril público. Otro aviso de que no hay santo grial que buscar en los ferrocarriles, nos llega de las islas Británicas. La falta de candidatos para operar determinadas líneas férreas ha supuesto un toque de atención nada supérfluo para el territorio en donde nació la privatización en términos actuales, del ferrocarril. Si bien hasta ahora, la actividad privada en España, se reconducía por los poderes públcos a obras públicas o servicios de interés general (destaca la financión de obra pública, en un contexto de crisis de las Haciendas públicas), viendo que éstos no producen la rentabilidad esperada, el gran capital, parece centrarse en otros aspectos del mercado como el laboral o el de servicios auxiliares, en los que la gestión externalizada a empresas privadas o directamente la privatización del servicio, serán las buenas nuevas que nos irán viniendo si se mantiene la ideología neoliberal en el poder político. No es profecía, pues ya el Plan del Ministerio de Fomento para los próximos años en Infraestructura, Transporte y Vivienda o PITVI 2012-2024, contempla dar impulso a esta forma de gestión de los servicios y la obra pública.
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